El año 2005, luego de que el huracán Katrina azotara las costas del Golfo de México, Milton Friedman propuso como medida urgente para reconstruir Nueva Orleans la entrega de cheques escolares directamente a las familias afectadas para que éstas a su libre elección enviasen a sus hijos a escuelas privadas, evitando de ese modo gastar recursos estatales reconstruyendo las escuelas públicas, puntualizando que esta medida “temporal”, debiera convertirse en una reforma permanente al sistema educativo.

La propuesta de ley sobre el financiamiento para la reconstrucción realizada por el gobierno parece seguir la misma lógica; aprovechar la dramática coyuntura para implementar políticas públicas de carácter permanente evitando (dada la urgencia), un debate democrático, profundo y participativo acerca de las mismas. A partir de esto surgen  necesariamente una serie de interrogantes ¿en condiciones normales estaríamos discutiendo sobre el aumento del plazo de la invariabilidad tributaria del royalty? ¿Aceptaríamos eliminación de impuestos, como el de timbres y estampillas? ¿Estamos dispuestos a modificar la estructura tributaria futura del país, sin mayor discusión y bajo la amenaza que de no aprobar lo que el Gobierno propone se está “en contra” de la reconstrucción? 

El gobierno establece como mecanismo para obtener recursos para la reconstrucción por los próximos dos años una serie de medidas impositivas que se pueden agrupar fundamentalmente de dos formas: (a) Aumento marginal del impuesto al tabaco e impuesto territorial; y (b) Aumento transitorio tanto del royalty a la minería como a la tributación de las empresas.

En torno al primer grupo de medidas al parecer existe, a pesar del poco debate y participación, cierto consenso… ¿a fin de cuentas quien podría estar en contra de subir los impuestos al cigarro y a las mansiones?, es en base al segundo grupo de medidas tributarias donde surgen las dudas más importante y por ello discusión. Veamos.

Respecto del Royalty, el gobierno pretende obtener más recursos durante los próximos dos años aumentando temporalmente el tributo, pero otorgando a su vez una prorroga a la invariabilidad tributaria de este sector hasta el año 2025. Dicho de otro modo o leyendo la letra chica, como dijo cierto político, el  resultado de esto sería obtener algunos recursos en el corto plazo evitando la discusión a la larga respecto de los impuestos que debe pagar el sector que explota la principal riqueza del país, hipotecando y renunciando el Estado de Chile a recaudar recursos fundamentales a futuro.

En el caso del aumento al impuesto a las empresas la discusión también recae sobre la temporalidad de esta medida. De acuerdo al proyecto oficialista, las empresas pagarían marginalmente un mayor porcentaje por sólo 2 años, volviendo luego a la actual tasa, condicionando así la discusión respecto de futuras alzas reales y permanentes de este tributo. No está demás decir que la moneda de cambio a esta alza transitoria es la eliminación al impuesto de timbres y estampillas. En resumidas cuentas, dentro de 2 años las empresas no sólo pagarán el mismo impuesto a la renta sino que no pagarán el de timbres y estampillas. En conclusión y efectuando una simple operación aritmética, el 2013 las empresas pagarán menos que hoy.

¿ Será efectivamente que el gobierno está actuando en forma apresurada ? ¿ o será más bien, que esta es una política pública impositiva con el claro objetivo de bajar a largo plazo las tasas de impuestos, cuestión que en circunstancias normales sería inviable, pero que hoy, dada la premura de conseguir recursos frescos se aprovecha de un desastre natural  para implementarla sin un adecuado debate participativo?

Porque como dijo un conocido empresario “las prisas pasan, las cagadas quedan” y como dicen en el campo “hablar de fuego no quema la casa”. Implementar políticas públicas con carácter permanente, en situaciones de urgencia puede producir un grave perjuicio al futuro del país.

En definitiva y de acuerdo al proyecto gubernamental, todo indica que a largo plazo se reducen y congelan los impuestos para la gran empresa, cuestión que no parece  ser el camino correcto para implementar más políticas sociales ni tampoco contribuye a combatir la enorme desigualdad en la distribución del ingreso existente en Chile.